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Petitorio ciudadano · Movimental

Cultivando una Nueva Política de Drogas

Propuesta de ideario y petitorio para una regulación responsable del cannabis en Chile, elaborada a partir de las jornadas participativas del 16 y 23 de agosto de 2026.

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Presentación

Movimental, organización que desde 2005 impulsa una nueva política de drogas con enfoque de salud pública y reducción de riesgos y daños, convocó a personas usuarias de cannabis, trabajadoras y trabajadores de asociaciones, dispensarios, marcas y emprendimientos del sector a jornadas participativas para diagnosticar los problemas actuales y proyectar una regulación que responda a la realidad que vive Chile hoy.

Este petitorio recoge ese trabajo colectivo. Sus demandas nacen de experiencias concretas, como el miedo a la fiscalización, el estigma, el acceso precario, la falta de información sobre lo que se consume y el daño que dejan los procesos penales mal aplicados.

Principios rectores

1. Autonomía responsable. Las personas adultas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, con información suficiente para hacerlo y asumiendo la responsabilidad por los efectos de sus prácticas sobre otras personas.

2. Salud pública antes que castigo. El cannabis debe dejar de abordarse exclusivamente desde la ley penal. Los problemas asociados a su uso deben enfrentarse con prevención, educación, reducción de riesgos y daños, y tratamiento cuando se requiera.

3. Derechos humanos y no criminalización. Ninguna persona debe ser perseguida, detenida ni sometida a un proceso judicial por usar o cultivar cannabis para sí misma. El estigma también es una forma de daño que la política pública debe revertir.

4. Reducción de riesgos y daños. Reconocemos que existen usos problemáticos. Una regulación responsable no niega esos riesgos: los enfrenta con información verificable, acompañamiento y servicios adecuados.

5. Pluralidad de usos y dimensiones. El cannabis tiene dimensiones medicinales, recreativas, culturales, agrícolas, científicas, industriales y económicas. Todas merecen reconocimiento legal y no solo una de ellas.

6. Pluralidad de vías de acceso y equidad. Ninguna vía única de acceso sirve a todas las personas. La regulación debe asegurar que el acceso seguro no dependa del dinero, los contactos, el espacio disponible o los conocimientos de cada quien.

7. Convivencia sin promoción. La legalidad no debe traducirse en romantización ni en incentivo al consumo, especialmente hacia jóvenes. La regulación debe facilitar la convivencia con quienes no usan cannabis.

8. Participación y reconocimiento de lo existente. La nueva política debe construirse con la comunidad usuaria y potenciar las redes de autocultivo, cultivo colectivo y asociaciones que ya sostienen el acceso seguro y el cuidado en Chile.

Mínimos intransables

Del proceso participativo, identificamos cinco puntos mínimos que consideramos base de cualquier regulación:

  1. Fin de la persecución penal por uso, porte y cultivo para consumo personal o colectivo.

  2. Certeza jurídica, es decir, reglas claras que permitan saber de antemano qué se puede y qué no se puede hacer.

  3. Acceso seguro a cannabis de calidad por múltiples vías, incluyendo el autocultivo.

  4. Autonomía de las personas adultas sobre su propio cuerpo.

  5. Educación y reducción de riesgos y daños, con especial atención a la prevención en adolescentes.

Petitorio

Eje 1. Salir del paradigma penal y construir certeza jurídica

1.1 Una ley que reconozca al cannabis más allá de lo penal. Hoy la única ley que nombra a las personas usuarias es una ley penal (Ley 20.000). Exigimos un marco regulatorio propio que aborde el cannabis desde la salud, la agricultura, la ciencia, la economía y la cultura.

1.2 Despenalización efectiva del consumo y del cultivo personal. Que usar, portar y cultivar para consumo propio deje de ser motivo de detención, incautación o proceso judicial, y que quienes cumplan las reglas tengan la seguridad de que estas situaciones no seguirán ocurriendo.

1.3 Protección que opere antes y no solo después. La receta médica hoy sirve, en el mejor de los casos, para justificarse una vez iniciado un procedimiento. Exigimos una protección que evite la exposición al procedimiento mismo, no solo una defensa posterior.

1.4 Fin de la medicalización forzada del uso adulto. Ninguna persona adulta debería verse obligada a presentarse como enferma para evitar la cárcel. La protección de la vía medicinal debe mantenerse, pero no puede ser el único resguardo disponible para los usuarios.

1.5 Criterios objetivos y conocidos. La regulación debe reducir al mínimo el margen de discrecionalidad en la fiscalización, estableciendo reglas públicas que permitan a usuarios, organizaciones y policías saber qué conductas están permitidas.

1.6 Reglas explícitas para organizaciones. Asociaciones, cultivos colectivos y dispensarios necesitan saber con precisión qué actividades están autorizadas y cuáles no, sin depender de reinterpretar cada nuevo fallo judicial para seguir funcionando.

Eje 2. Protección inmediata mientras se construye la nueva ley

2.1 Actualizar clasificación en el DFL 867. Ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley 21.817, resulta urgente trasladar la cannabis y todos sus elementos al artículo segundo del DFL 867 del Ministerio de Seguridad.

2.2 Protocolos urgentes para las policías e instituciones públicas. Exigimos protocolos claros para Carabineros, PDI, Policía Marítima, DGAC, SEREMI y otros organismos públicos, sobre cómo actuar frente a personas usuarias, pacientes, cultivadores y organizaciones, basadas en la normativa y la jurisprudencia vigentes.

2.3 Guías públicas para las personas. Material claro y accesible que explique qué hacer ante una fiscalización, cómo acreditar el uso medicinal y cuáles son los derechos de cada persona.

2.4 Protocolo nacional para viajar con cannabis medicinal. La declaración de medicamentos en aeropuertos y controles no puede ser “una ruleta” que depende del funcionario o de la región. Exigimos un procedimiento único, conocido y respetado a lo largo de todo Chile.

2.5 Continuidad del tratamiento para pacientes. Las medidas de fiscalización contra organizaciones no deben interrumpir abruptamente el acceso de personas que no pueden reemplazar el cannabis por otros fármacos. Debe existir un resguardo explícito para la continuidad de estos tratamientos.

2.6 Derecho a pedir protección sin autoincriminarse. Cultivadores y asociaciones que sufren robos deben poder denunciar y recibir protección policial y municipal sin temor a ser perseguidos por su actividad.

2.7 Formación de las instituciones del Estado. Capacitación para policías, PDI, funcionarios de aduana y aeropuertos, fiscalías y municipios, en coherencia con la norma vigente y con la futura regulación.

Eje 3. Acceso diverso, seguro y asequible

3.1 Coexistencia de todas las vías de acceso. Autocultivo individual, cultivo colectivo, asociaciones de usuarios, dispensarios y farmacias deben convivir, para que cada persona elija la vía que mejor se ajuste a su realidad.

3.2 Protección del autocultivo. Que cultivar en el propio hogar sea un derecho protegido y que nadie tenga que renunciar a él por miedo a una denuncia vecinal.

3.3 Reconocimiento legal de cultivos colectivos y asociaciones. Para quienes no tienen tiempo, espacio o conocimientos para cultivar, las organizaciones de usuarios son una vía de acceso responsable y deben tener una figura jurídica propia.

3.4 Acceso medicinal universal y garantizado. Muchas personas no pueden costear un tratamiento cannábico cada mes por su elevado costo. La regulación debe asegurar opciones asequibles y evaluar mecanismos de acceso público para personas con menos recursos.

3.5 Evitar monopolios y concentración. Ninguna vía ni ningún actor debe concentrar todo el acceso. La diversidad de proveedores es una garantía para las personas usuarias.

3.6 Una alternativa real al mercado ilícito. Cada debilidad jurídica en las vías de acceso reguladas empuja a las personas hacia el narcotráfico. Una política responsable debe ampliar las alternativas seguras, no reducirlas.

Eje 4. Calidad, información y trazabilidad proporcionales

4.1 Estándares de calidad y trazabilidad. Los productos deben responder a estándares verificables de inocuidad y trazabilidad, para que la confianza no dependa solo de las prácticas particulares de cada organización.

4.2 Estándares diferenciados según escala. Exigimos dos criterios, uno industrial y otro artesanal o comunitario. Aplicar exigencias diseñadas para grandes empresas a asociaciones y pequeños productores las haría inviables y dejaría el acceso en manos de quienes tienen más recursos. Deben existir además apoyos técnicos y plazos para que los pequeños actores puedan cumplir.

4.3 Etiquetado claro y obligatorio. Todo producto debe informar de manera clara su composición, concentración de cannabinoides (por ejemplo, miligramos por mililitro en aceites y dosis por unidad en comestibles) y su origen. Las personas deben contar con información objetiva, verificable y suficiente para conocer las características del producto y tomar decisiones informadas. Indicaciones vagas como “está fuerte” o “come la mitad” no son información suficiente.

4.4 Acceso a análisis de laboratorio. Deben existir servicios accesibles de análisis de muestras que permitan verificar la composición y seguridad de los productos, incluyendo la detección de contaminantes como hongos, pesticidas y metales pesados. Los resultados deben ser comprensibles para usuarios y cultivadores y permitir comprobar que la información declarada sobre el producto es confiable.

4.5 Transparencia y rendición de cuenta de las organizaciones. Las organizaciones que participen en las distintas vías de acceso deben entregar información verificable sobre sus productos, procesos de producción y cumplimiento de las normas. Esta información debe permitir la supervisión y fiscalización de las organizaciones, así como una relación transparente con sus usuarios y las instituciones públicas.

Eje 5. Institucionalidad especializada

5.1 Un organismo técnico especializado en cannabis. Proponemos crear una institución autónoma, como un Instituto Chileno del Cannabis, con atribuciones para regular, registrar y supervisar a asociaciones, cultivos y proveedores, adaptando sus criterios a cada tipo de actividad.

5.2 Vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Esta institucionalidad debe trabajar junto a las asociaciones y reconocer el conocimiento acumulado por la comunidad cannábica.

Eje 6. Salud pública, prevención y reducción de riesgos y daños

6.1 Política de drogas basada en tres pilares. Prevención, reducción de riesgos y daños, y tratamiento o rehabilitación, con financiamiento estable. Estos pilares deben entenderse como estrategias complementarias y diferenciadas, capaces de responder tanto a quienes no consumen como a quienes consumen y a quienes presentan un uso problemático, sin exigir la abstinencia como única forma de acceso a orientación o atención.

6.2 Reconocimiento de los usos problemáticos. Existen personas con problemas asociados a su consumo. Exigimos servicios de acompañamiento accesibles, oportunos y sin estigmas, que distingan entre diferentes patrones y contextos de consumo y permitan abordar sus riesgos y consecuencias de acuerdo con las necesidades de cada persona.

6.3 Formación de profesionales de la salud. Incorporar contenidos sobre cannabis, sistema endocannabinoide, uso terapéutico, uso problemático y reducción de riesgos y daños en la formación de profesionales y estudiantes del área de la salud, para que puedan entregar información basada en evidencia, orientar prácticas de autocuidado y reconocer necesidades distintas.

6.4 Prioridad estatal para adolescentes en situación de riesgo. El cuidado de niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos de cualquier sustancia o en contextos de abandono debe ser una prioridad del Estado. Las intervenciones deben ser tempranas, especializadas y adecuadas a su etapa de desarrollo, evitando respuestas exclusivamente punitivas o estigmatizantes. Las redes comunitarias que hoy acogen a estas personas deben ser reconocidas y apoyadas, sin trasladarles responsabilidades que requieren atención especializada.

6.5 Fomento de la autorregulación y el autoconocimiento. Los riesgos y daños no dependen únicamente de la sustancia, sino también de la relación que cada persona establece con ella, sus patrones de consumo y el contexto en que este ocurre. Las estrategias de salud deben promover el autoconocimiento, la autorregulación, el reconocimiento de factores de riesgo y señales de uso problemático, y la toma de decisiones informadas.

6.6 Reducción de riesgos y daños para quienes consumen. Garantizar acceso a información científica, comprensible y libre de juicios para las personas que deciden consumir, orientada a disminuir los riesgos y daños asociados al consumo. Estas estrategias deben considerar factores como edad, frecuencia, cantidad, vías y contextos de consumo, policonsumo y características individuales, además de facilitar el acceso oportuno a orientación sanitaria cuando sea necesario.

Eje 7. Educación y convivencia

7.1 Educación para toda la población. Educación sobre cannabis y otras drogas dirigida tanto a quienes usan como a quienes no usan, en espacios de cercanía como juntas de vecinos, consultorios y establecimientos educacionales. Esta educación debe entregar información basada en evidencia y promover pensamiento crítico, autocuidado y toma de decisiones informadas desde una perspectiva de prevención y reducción de riesgos y daños.

7.2 Prevención en niños, niñas y adolescentes. Desarrollar programas de prevención progresivos y adecuados a la edad, que no se limiten a advertir sobre consecuencias negativas ni se sustenten exclusivamente en el miedo o la prohibición. La prevención debe desarrollar conocimientos y habilidades para evaluar información, reconocer riesgos, tomar decisiones y enfrentar situaciones relacionadas con drogas. En el caso del cannabis, puede comenzar abordando dimensiones no psicoactivas de la planta —agrícolas, industriales, científicas e históricas— sin promover su consumo.

7.3 Educación entre pares. Reconocer y apoyar el rol de la comunidad usuaria para educarse y educar a sus pares, promoviendo la circulación de información basada en evidencia, el reconocimiento de prácticas de mayor riesgo y estrategias concretas de autocuidado y reducción de daños.

7.4 Legalidad sin romantización. Restricciones a la publicidad y a toda comunicación comercial que idealice, banalice o incentive el consumo, especialmente aquella dirigida a jóvenes. Una política que abandona la estigmatización tampoco debe reemplazarla por la romantización del consumo. La industria debe asumir su responsabilidad y transparentar sus prácticas.

7.5 Convivencia. Orientaciones sobre consumo en espacios compartidos que reconozcan las molestias y posibles afectaciones a otras personas, como la exposición al humo y al olor, promoviendo prácticas que reduzcan estos impactos y, al mismo tiempo, protejan a las personas usuarias del hostigamiento y la discriminación.

7.6 Combate al estigma. Campañas públicas que desmonten la asociación entre persona usuaria y delincuente y permitan hablar sobre consumo sin temor a la discriminación. Usar cannabis no hace a nadie menos persona ni menos capaz. Reducir el estigma también favorece que las personas puedan solicitar información, orientación o ayuda cuando la necesiten.

Eje 8. Investigación independiente

8.1 Financiamiento público de investigación. Estudios sobre cannabis financiados por instituciones que velen por el interés de las personas y no por la rentabilidad de empresas.

8.2 Investigación en colaboración con asociaciones. Generar conocimiento a partir de las prácticas de las organizaciones, con datos útiles para la prevención y la política pública.

Eje 9. Justicia y reparación

9.1 Reconocimiento del daño causado. Los procedimientos policiales y judiciales dejan consecuencias en la salud mental, el trabajo y la vida familiar que no desaparecen aunque el caso termine en absolución.

9.2 Mecanismos de reparación. Evaluar medidas para personas perseguidas por conductas que la nueva regulación deje de sancionar, como la eliminación de antecedentes y el apoyo psicosocial.

Eje 10. Reconocimiento de la dimensión productiva y cultural

10.1 Desarrollo agrícola, científico e industrial. Reconocer el cannabis como actividad agrícola y económica legítima, con reglas claras para quienes emprenden en el sector.

10.2 Potenciar lo existente. Priorizar el fortalecimiento de los actores nacionales de pequeña escala por sobre la llegada de grandes empresas que los desplacen.

10.3 Reconocimiento cultural. Valorar la relación cultural que las personas tienen con la planta como parte legítima de su identidad y su vida comunitaria.